“Tiene que ser un deber del Estado proteger los lugares sagrados”

Un proyecto de ley en el Senado de la Nación propone proteger los sitios sagrados de los pueblos indígenas y hacer un relevamiento para identificarlos. El abogado Darío Rodriguez Duch, jefe de asesores de la legisladora Magdalena Odarda de la Provincia de Río Negro, nos dio detalles sobre esta iniciativa y ejemplificó: “Los Estados no van a poder otorgar concesiones cuando existan denuncias concretas de que hay sitios ceremoniales”. Además, aseguró que si bien todavía no fue aprobado, “ya de por sí el hecho de que exista un proyecto de este tipo presentado en el Congreso, a los abogados que estamos litigando en todo el país, nos sirve”.

Escuchar entrevista:  MP3 at 2.3 mebibytes

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En Buenos Aires hay lugares sagrados indígenas sin protección que son reclamados por organizaciones de pueblos originarios y vecinos, como Punta Querandí en el Tigre y Tres Ombúes en La Matanza. Por eso varios sectores del conurbano vieron con mucho interés el proyecto impulsado por el Bloque Progresista CC-ARI en la Cámara de Senadores de Nación, el cual podría significar una posible solución a conflictos de larga data.

En diálogo con Agassaganup O Zobá, Darío Rodríguez Duch, quien se desempeñó durante años como abogado de la Confederación Mapuche Neuquina y de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, expresó que “la situación de los sitios sagrados es muy crítica en algunas provincias”.

“Hay que suspender (las obras) lo más pronto posible, hay que hacer que el Estado ordene medidas de protección de todo lo que es diezmar el patrimonio cultural que tienen estos pueblos. Por no haber ninguna legislación protectoria, estamos perdiendo un capital cultural que va a ser irremplazable”, agregó.

La propuesta del Bloque Progresista es una ley que “declare la intangibilidad de los sitios culturales y ceremoniales y de todos lo que tenga que ver con patrimonio cultural de los pueblos indígenas”, explicó Duch.

“Hay que identificar esos lugares, entonces hace falta que exista un equipo interdisciplinario que permita saber cuándo y cómo es que se van a ubicar estos lugares ceremoniales. Para eso es que proponemos que haya equipos donde sean partícipes los técnicos que trabajan con los pueblos indígenas”, precisó el abogado.

Sobre este relevamiento, detalló: “Quisimos dar un plazo de 2 años, a partir de la vigencia de la ley, para que se haga el relevamiento”, el cual estará a cargo del “Estado Nacional como primer garante, en contacto con los Estados provinciales”.

“El relevamiento tiene que incluir todo un aspecto antropológico, un aspecto sociológico y un aspecto que tiene que ver con todo que es patrimonio cultural. Y eso por supuesto tiene que ser con la compañía y acompañamiento permanente de las organizaciones indígenas, que son los que mejor saben precisamente dónde están esos lugares”, se encargó de aclarar el jefe de asesores de la Senadora Odarda.

“Hay muchos lugares que incluso no se conocen, nosotros generamos la norma para que sea un deber del Estado saber dónde están ubicados esos lugares. Para eso se pone un plazo: pasado esos 2 años tienen que estar absolutamente revelados todos los lugares. Además, proponemos que haya una norma protectoria duramente el relevamiento, porque en esos 2 años imaginate la cantidad de saqueos en lugares sagrados que podría producirse”, amplió Rodriguez Duch.

Sobre el procedimiento para resguardar estos lugares, agregó: “En el caso de alguna concesión que pretenda dar el Estado, supongamos el caso de una minera, y donde repente se instala la denuncia concreta y elementos que permitan ver que ahí hay un lugar ceremonial o sagrado, tiene que suspenderse el acto administrativo de otorgar la concesión. Hay que impedir que se generen derechos a terceras personas, hay que lograr esa protección desde el vamos. Entonces los Estados no van a poder avanzar en el otorgar concesiones cuando existan denuncias concretas de que hay ahí sitios ceremoniales”.

“Hay que hacer un paraguas protector sobre los sitios sagrados, tiene que haber normativa específica que protega esos lugares”, volvió a fundamentar.

LA EXPERIENCIA DE LA LEY 26.160

La propuesta del Bloque Progresista recuerda al relevamiento territorial que dictaminó la ley 26.160, sancionada en el 2006 y la cual prohibía ejecutar desalojos en comunidades, una norma muy criticada por sus dificultades para ser cumplida.

“Lo que pasa con la ley 26.160 es que no impone sanciones a los Estados que no los cumplen. Hay Estados que recién ahora están firmando, después de casi 8 años de vigencia de la ley, recién ahora están por hacer el relevamiento, como Neuquén. Hay que fijar un plazo máximo, y responsabilidades y penalidades para los Estados que no cumplan con su deber de hacer este relevamiento”, explicó Duch.

Y agregó: “De acuerdo a la práctica que nos tocó con la 26.160, vimos los defectos que tiene esa ley. Uno de ellos, es que en el entretanto, si bien dice que tienen que suspenderse los desalojos, lo cierto es que muchos jueces no lo están cumpliendo y se están igualmente decretando en muchos casos”.

Uno de los tantos ejemplos de desalojos fue en contra de la comunidad Winkul Newen en la región de Zapala, provincia de Neuquén, que resultó con los mapuche judicializados. Al respecto, declaró: “Tienen que afrontar no solo una cuestión de desalojo sino una criminalización, en la cual se les está imputando incluso tentativa de homicidio por una defensa territorial, realmente es muy insólito”.

PASO A PASO

Rodriguez Duch contó el recorrido que tiene que hacer el proyecto en ambas Cámaras del Congreso Nacional hasta poder convertirse en ley.  

Primeramente, explicó que la iniciativa “fue derivada a la Comisión de Población, la que preside la senadora Norma Morandini, que por suerte entiende la problemática, es una persona que se sensibiliza con esto. A la Comisión convocamos a una antropóloga amiga, una gran especialista, la doctora Diana Lenton, que aportó un montón de datos”, detalló.

Lo que buscan desde el Bloque Progresista es “conseguir aliados en los distintos partidos, tratamos de que por lo menos la gente que no entiende o no conoce la problemática, se nutra y empiece a entenderlo, para esto traemos a especialistas”.

“Los diversos partidos políticos van viendo que esto es un problema, fueron sensibilizándose. Vamos a tratar de mejorar lo más posible (el proyecto). Y después de eso pasará a otra Comisión, creo que va a ser la de Presupuesto y Hacienda, porque como hay que ordenar un relevamiento hay algunos gastos”, relató el abogado.

Finalmente, el proyecto pasaría al recinto de Senadores, donde “se tendría que aprobar con media sanción, para lo cual pasaría después a la Cámara de Diputados”.

Los plazos no son cortos, pero todo el proceso de discusión ya tiene una utilidad, explicó el jefe de asesores del Bloque Progresista. “Estamos hablando de trámites largos, pero ya de por sí el hecho de que exista un proyecto de este tipo presentado en el Congreso, a nosotros y a los abogados que estamos litigando con esto en todo el país, nos sirve. Yo me acuerdo cuando antes del 2006 se hablaba de que estaba en tratamiento la futura ley 26.160, yo como abogado en los años 2003 – 2004, cuando ya se estaban tratando proyectos similares, decía: ‘esto ya está presentado como proyecto en el Congreso de la Nación, se está debatiendo, señor juez, usted tiene que tener en cuenta esto’. Eso nos sirvió más de una vez por el sólo hecho de ser un proyecto”, explicó Duch.

Y remató: “Cuando hay media sanción, ya es mejor todavía, hay más elementos, y ni hablar de cuando ya se sanciona. Después de la sanción pasa que también tiene que ser promulgado por el Ejecutivo, pero estos son los mecanismos legales que existen”.

Este recorrido legislativo “lo que nos permite es convocar a todas las organizaciones a que se sumen, a que puedan acudir a las Comisiones cuando estamos haciendo el tratamiento. Cuando los partidos políticos, vean que esto es un problema que involucra a más gente, se van abriendo ojos de que acá realmente el problema existe. Porque sino, el gran problema que tenemos es lo que se dice siempre (más en ámbitos como el Congreso Nacional) que Argentina no tiene indígenas o son muy pocos, como que no es un gran tema”, argumentó.

Son muchos los cambios necesarios en el país para lograr un respeto real a las naciones preexistentes, ya que la “cuestión indígena” actualmente parece un “tema menor”. Rodriguez Duch enfatizó: “Realmente nos quedamos atrás en la Constitución nuestra, cuando se establece el artículo 75 inciso 17. Si bien no se puede legislar en contra de eso, tampoco se lo puso dentro de los derechos principales, en la parte de dogmática de la Constitución, en los primeros 36 artículos, se lo puso mucho más adelante. Ese error técnico, y si se quiere estratégico, de dónde están ubicados los derechos indígenas, es algo que tendría que ser subsanado”.

Y en ese sentido afirmó: “Tendría que además hablarse, como hace la Constitución de Ecuador o  la de Bolivia, de Estados Plurinacionales, de que Argentina en todo caso es un Estado que contiene muchos pueblos adentro. Se tiene que reconocer la entidad y la identidad de los distintos pueblos, eso es algo que deberíamos lograr en algún momento en la Argentina, es una gran deuda”.

“Nosotros creemos que con este proyecto se puede avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel interno. Y por otra parte vamos a contar con herramientas de defensa que son esenciales, porque a la hora de los papeles los jueces suelen a veces cerrarse en decir: si no lo dice la ley, yo no puedo hacer nada. Ahí es donde nosotros queremos trabajar este tema. Y realmente les pedimos a ustedes que nos ayuden a difundir cuando esto sea tratado”, se despidió el Darío Rodríguez Duch.


Agassaganup O Zobá (“La luna los hará arrepentir” en idioma querandí, una de las lenguas originarias del Río de la Plata)
Noticias de la Buenos Aires Indígena, desde el Partido de La Matanza, territorio ancestral del Cacique Telomián Condié.
Escuchanos los martes de 19 a 20 hs, por FM Fribuay 90.7 o en http://www.fmfribuay.org.ar
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