“Nos vamos a acompañar todos en los trámites de la personería jurídica”

La abuela guaraní Gladys Roa, vecina de José C. Paz, contó en Agassaganup O Zobá algunas de las conclusiones de la reunión de caciques y referentes guaraníes del conurbano que se llevó a cabo a fines de junio. Además, habló sobre la falta de terrenos que sufren muchos indígenas urbanos: “Estamos queriendo armar una comunidad si consiguiéramos un lugar”.

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Gladys Roa es uno de las mentoras de Aty Guasú, una organización de pueblos originarios formada hace dos años por vecinos guaraníes del conurbano. Esta agrupación convoca en sus encuentros a caciques y referentes de las comunidades guaraníes bonaerenses, en una jornada que se denomina justamente Aty Guasú, “Encuentro Grande” en el idioma ancestral de este pueblo.

El 28 de  junio, en la sede del Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento, en San Miguel, se realizó otra importante convocatoria en la que estuvieron involucrados los miembros de Aty Guasú.

Gladys contó en Agassaganup O Zobá: “Desde hace mas o menos 2 años que venimos reuniéndonos los integrantes de Aty Guasú. En la última reunión estuvieron ocho caciques, fue muy fructífero para nosotros, no esperábamos el resultado así”. De este encuentro participaron delegados del Pueblo Guaraní en el Consejo de Participación Indígena (CPI) y en el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), así como caciques de comunidades del Gran Buenos Aires, y hermanos que no viven en comunidad.

Uno de los temas tratados tuvo que ver con la dificultad que tienen las comunidades indígenas para obtener el reconocimiento jurídico que el Estado está obligado a darles desde la reforma constitucional de 1994. Un escenario que podría cambiar luego del convenio que firmaron en junio el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, de la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense.

“Llegamos a un acuerdo: nos vamos a acompañar todos en los trámites de la personería jurídica”, expresó Gladys, vecina de José C. Paz en el noroeste del Gran Buenos Aires. Los presentes en esta reunión, también se comprometieron a trabajar conjuntamente en las políticas que afecten al pueblo guaraní en Buenos Aires. En ese sentido, consensuaron realizar encuentros cada dos meses para hacer balances y definir objetivos.

Consultada sobre las problemáticas que atraviesa a los guaraníes en el conurbano, contestó: “salud, educación y tierra”. En este sentido, Gladys se refirió a la “falta de terrenos” para los indígenas urbanos. “Nosotros quisiéramos vivir en comunidades, vos sabés que vivimos cada uno en nuestra casa. Los integrantes de Aty Guasú no tenemos una comunidad formada pero si estamos queriendo armar alguna vez si consiguiéramos un lugar”, y diferenció esta situación “a otros hermanos que ya tienen su comunidad, como los caciques que estuvieron (en la reunión del 28 de junio)”.

El próximo paso de la organización que integra Gladys es preparar la gran convocatoria del Aty Guasú. “Tenemos que definir la fecha, es una reunión grande que hacemos todos los años en Buenos Aires, este va a ser el segundo, ahí resolvemos muchas cosas, es abierto para todo el que quiera participar”, expresó. También manifestó que planean festejar “el año nuevo guaraní”, que corresponde al 21 de septiembre.

Esta experiencia muestra el rol positivo que puede tener la Universidad cuando existe un compromiso real con las necesidades de los pueblos originarios. En este caso, nos referimos al Centro Cultural de a Universidad Nacional General Sarmiento, unidad académica con sedes en San Miguel  y Los Polvorines.

“La verdad que tuvimos la suerte de que nos acompañen hace ya muchos años, y ahora más todavía con Beatriz, Mayra, Darío, porque yo sola no hubiera podido hacer nada. Estamos muy agradecidos con la Universidad General Sarmiento, no pensábamos que nos iban a recibir tan bien, pero nos abrieron las puertas de par en par, estamos como en nuestra casa ahí”, concluyó Gladys.


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“Existe una ley de reconocimiento de pueblos originarios, en Capital lo vemos muy ausente”

Paula Alvarado, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), contó a Agassaganup O Zobá sobre la conformación de la Mesa de Pueblos Originarios de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, presentada el 19 de febrero pasado. “Los (encuentros) están presididos por los hermanos, pero los aliados estamos participando. Nos organizamos en cuatro comisiones de Legal y Técnica, Prensa, Economía y Acción Política. La idea es que si viene algún hermano de afuera con una problemática, nosotros colaboremos. También trabajaremos sobre la ley de reconocimiento de capital porque hay un decreto reglamentario y falta una regularización. Acá en Capital y provincia parece que fueran invisibles. En la última encuentra que hizo el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), surgió que existen más de diez mil personas en Capital. Hay gente que no lo sabe”.

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Del armado de la mesa, relató: “Se venía reuniendo hace un año con la reforma del código civil, que quería regularizar la propiedad comunitaria indígena. Se empezaron a juntar los hermanos, varias organizaciones amigas. El 19 se afirmó esta mesa, en la cual estamos varios hermanos de capital y provincia y otras organizaciones que ya venimos acompañando como garantes de la comunidad La Primavera, APDH Nacional, APDH La Matanza, Resistencia Qom y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Fue un encuentro convocado desde las 8 de la mañana, en el cual hubo música, asado y se finalizó con un documento en el cual estuvimos participando alrededor de 55 personas más o menos. La idea fue llegar a un orden de trabajo, fijar objetivos, planes de trabajo a seguir y todo lo que comprende eso.

La puesta en funcionamiento de esta mesa tuvo mucho que ver con la necesidad de demostrar y visibilizar la presencia indígena y ancestral, tanto en el área metropolitana como bonaerense, donde, para la mayoría de las personas, no existen aborígenes o reclamos llevados adelante por ellos. Al respecto, Paula dijo: “Acá en Capital y provincia parece que fueran invisibles. En la última encuentra que hizo el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en el 2010, surgió que existen más de diez mil personas en Capital. Hay gente que no lo sabe”.

“Existe una ley de reconocimiento de pueblos originarios, que es la 2263, que tiene un decreto reglamentario, que no se consultó para nada con los hermanos. Está más orientada al tema cultural, así mismo crea tres registros, más (relacionados) no a la visibilización, sino al folklore. Cuando se sancionó en el 2007, se reglamentó y se trató de poner en la currícula en el Ministerio de Educación el derecho indígena. En capital lo vemos muy ausente”, manifestó la abogada.

Recordando lo que explicó el ex director de la Escuela del bajo Flores, Enrique Samar, quien dijo que en el Ministerio porteño de Educación, el área intercultural indígena está contemplada dentro del área de lenguas extranjeras. Paula, sobre esta cuestión, agregó: “En el área de Capital Federal te dan un certificado de idioma extranjero”. Así es como piensa el gobierno de Mauricio Macri a las y los hermanos originarios: foráneos y ajenos a este suelo.

Luego, la abogada de la APDH comentó sobre las actividades de la mesa: “Nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 19 hs. Los (encuentros) están presididos por los hermanos, pero los aliados estamos participando, opinando. Nos organizamos en cuatro comisiones de Legal y Técnica, Prensa, Economía y Acción Política. La idea es que si viene algún hermano de afuera con una problemática, nosotros colaboremos, coordinar con lo que está ocurriendo en el interior”.

“Estamos en la elaboración de un cuadernillo para ir a comunidades del conurbano a explicar, para tratar de visibilizar esto. También trabajaremos sobre la ley de reconocimiento de capital porque hay un decreto reglamentario y falta una regularización de este decreto. Esas son las propuestas para trabajar”. Con estos objetivos a corto plazo, Paula se despidió de Agassaganup O Zobá.


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“Queremos formar una política indígena grande en la Ciudad de Buenos Aires”

Betty Sarapura es puro dolor por la decisión del Gobierno porteño de quitar el Monumento de los Andes también conocido como el del “Malón de la Paz”. Su padre fue uno de los integrantes de aquella gesta de 1946. “Hace falta organizarse, ahora más que nunca”, dice en esta entrevista con Agassaganup O Zobá, y habla de la presencia originaria en la Capital de la Argentina.

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Betty (en el medio) en tiempos mas alegres, festejando la finalización de estudios de la abogada kolla Carmen Burgos.

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El jueves 25 de abril por la tarde se realizó una ceremonia de desagravio con el Monumento que estaba ubicado en el Parque Los Andes, frente al cementerio de Chacarita. En una gran ronda más de 100 personas, una de las personas que destacaba era Betty Sarapura, con mucho dolor por lo sucedido.

“Pertenezco al pueblo kolla Tinkunaku de Orán y soy una hija de los luchadores del Malón de la Paz, hace poco sacaron un libro del tema de la lucha de los maloneros”, se presenta Betty, de 61 años y vecina de la ciudad de Buenos Aires.

“Estoy muy dolida porque es un atropello más que nos hacen. este monumento representaba a todos los pueblos indígenas, a todos, de punta a punta”. “Acá no hay ‘vos sos peruano, vos sos boliviano’, acá somos todos iguales, somos de la tierra”, explica.

“El gobierno tendría que haber convocado a todos los hermanos para dar una explicación, pero no hay nada hasta ahora”, vuelve a remarcar. “Necesitamos que Macri nos de una explicación. Y si no vamos a seguir, va a ser peor porque vamos a convocar a más gente. A él no le va a gustar, o capaz que sí, viste, a él no le importa nada, él tiene donde dormir y comer bien”, manifiesta.

El último 19 de abril, Día del Indio Americano en todo el continente desde 1940, el gobierno porteño retiró de forma inconsulta el Monumento de los Andes(así es el nombre que le dio su escultor Luis Perlotti). Una grúa de la municipalidad literalmente arrancó la obra, el mismo día que desde hace décadas las comunidades urbanas eligen para convocarse allí. La obra fue colocada en 1941 y, según cuenta el investigador Marcelo Valko – autor de Los Indios Invisibles del Malón de la Paz -, en 1946 los maloneros le colocaron una placa recordando que allí habían estado ellos. De a poco se fue haciendo conocido como el “Monumento al Malón de la Paz”.

Para Betty el monumento es “como una contención, yo no lo tengo a mi papá, él era un luchador que vino a caballo en el ’46 y la energía estaba acá, y está todavía acá”.

“A todos los hermanos nos ha caído muy mal, el 19 de abril yo no vine porque estaba en un foro pero me llaman por teléfono (para contarme), era llorar, y al verme que yo lloraba, lloraban todas las hermanas”, describe.

“Nosotros hemos perdido muchos hermanos en la lucha, mi papá me cuenta que han muertos muchos ancianos, muchos chicos en el camino hasta que llegaron a Buenos Aires. Y de acá los han exportado. Y ahora esto, no sé como explicarte”, expresa con lágrimas en los ojos.

“Yo vine hoy porque se autoconvocó, pero es una cosa que estoy mal, físicamente, moralmente, estoy mal, me entiende… Yo tengo mis hijos, mis nietos venían acá, qué les digo ahora a mi nieto, llamo a Tartagal para decirle mirá el Monumento no está, donde íbamos a hacer el homenaje a tu bisabuelo”, agrega.

“Nos han hecho un daño moral a todos los que tenemos padres que lucharon por nuestros derechos, por nuestras tierras. Nuestra comunidad está a 90 kilómetros de Orán y lo hacíamos a caballo, dos día para llegar a nuestra casa, y ellos de ahí se vinieron a Buenos Aires a caballo, imaginate cómo no voy a estar dolida con esto”.

La respuesta del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de Daniel Santilli fue que el Departamento de Monumentos y Obras de Arte (MOA) retiró el monumento para su restauración y que el día elegido fue una triste coincidencia.

La explicación, claro, no conformó a nadie: “Dicen que lo han sacado para hacer un arreglo, para ponerlo en mejores condiciones, pero no tenía nada el Monumento, el arreglo lo podían haber hecho ahí. Además, no nos consultaron ni tampoco al Parque porque acá hay una asociación civil”, remarca Betty.

El Parque Los Andes, situado en el barrio de Chacarita, fue declarado por la Legislatura porteña como sitio de interés de los pueblos originarios, por medio de la Declaración 392/2007.

Betty cuenta que la idea que ronda desde hace un tiempo es tener más presencia en este parque, porque no hay muchos espacios públicos que visibilicen la existencia indígena. Resalta la experiencia de “Parque Avellaneda que es más de los hermanos de Bolivia y está más organizado, serían un ejemplo a seguir ellos”.

“Ya habíamos dicho en una vuelta hacer artesanías los días domingos, tener música, baile, comidas, para decir acá estamos”, y ahí es responsabilidad del Gobierno de acompañar y colaborar “prestando la luz, prestando los stands, así no nos traemos la sillita porque no tenemos movilidad”, aunque “uno se acostumbre a estar con el carro, con la mochila puesta”.

“FORMAR UNA POLÍTICA INDÍGENA GRANDE” 

La remoción de un monumento reivindicado por las comunidades en una de las fechas importantes del “calendario” de las organizaciones originarias, habla mucho acerca de la distancia que existe entre los derechos indígenas y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aún ningún gobierno local implementó un área para resolver y dialogar con las demandas originarias, como sí tienen la Provincia de Buenos Aires y los municipios de Glew y Quilmes, además de todas las jurisdicciones provinciales del país.

No es que haya pocos integrantes de pueblos aborígenes en la Ciudad de Buenos Aires. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, dijo este año a la televisión pública que hay 50 mil indígenas que son vecinos del distrito porteño.

“No hay nada en la ciudad de Buenos Aires pero acá queremos formar algo, queremos formar una política indígena grande, ahora más que nunca”, diceBetty.

Para Betty este último agravio estatal tiene que ser un empujón. “Nosotros estábamos medio sueltos, nos reuníamos los 19 de abril, 1 de agosto, un día que yo no tenía mucho trabajo venía y me sentaba a hablar con él, con los espíritus, después me iba tranquila a mi casa”.

“Tengo 61 años, ¿a vos te parece que tengo que estar llorando? Nos hicieron mierda en los cerros, mataron gente, tiraron gente al río, ¿qué más nos pueden hacer?, nos saquean todo, ¿qué más quieren? El Gobierno con la reforma del código civil, ¿cómo quedamos en nuestras comunidades? Quedamos sin nada, hermano. Si no tenés las escrituras quedás sin nada”.

“Nosotros nos tenemos que ahora organizar más, de un punto a la otra, porque acá hay muchos hermanos, tanto de Bolivia, tanto de Perú, tanto de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, hay de todos lados, entonces tenemos que organizarnos, porque si no nos organizamos ahora que estamos varios, no sé”.

Por su parte Betty cuenta: “En la comunidad mía en Buenos Aires somos 200 familias y más tambien. De Orán adentro”. Uno de los problemas es la falta de vivienda propia. “Si Macri quiere reparar daños, que nos de un techo para vivir, yo pago un alquiler”.


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Delegado qom bonaerense alerta por asesinatos en Chaco, Formosa y Tigre

“Sigo creyendo en la Justicia porque no se puede actuar por mano propia, pero nosotros estamos más castigados, muchos hermanos asesinados sólo por reclamar sus tierras”. Así lo expresó en diálogo con Agassaganup O Zobá (FM Fribuay) el delegado del pueblo toba en la provincia de Buenos Aires, Rogelio Canciano, del Consejo de Participación Indígena (CPI) bajo la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Escuchar entrevista: MP3 at 4 MB

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Captura de una entrevista en video de la Asamblea San Carlos

El referente del barrio toba de Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, puntualizó en las muertes sucedidas en Chaco y Formosa y también en la zona norte del Gran Buenos Aires, con el caso de Micaela Fernández, en un hecho que involucra la explotación sexual de menores. “La hermanita de 14 años que fue asesinada en Tigre, según la madre hay policías involucrados”, alertó. “Los idóneos de la ley tiene que ver esta causa, yo estuve hablando con el cacique de allá, Fernández Eugenio, la impotencia que tiene mi hermano en cuanto a este problema”, agregó.

“Simplemente reclamamos que se haga Justicia, seguimos esperando que se haga la autopsia para que salga a la luz el culpable, estamos hablando con algunos abogados a ver si se puede acelar, también estuvo involucrada un poco la gente del INAI y ahí todavía falta la respuesta, no está”, resaltó el delegado del CPI.

En la quinta emisión de Agassaganup O Zobá nos comunicamos con Rogelio Canciano a raíz de la inundación vivida en la ciudad de La Plata, donde las comunidades también sufrieron las consecuencias y el abandono estatal. El referente destacó la solidaridad de la gente pero “faltó un poco lo que es Gobierno, no llegó nada, ni a preguntar, ni a ver cómo estamos, qué necesitamos”.

Sin embargo esta falta de asistencia no es para nada excepcional, ya que es la misma desatención con respecto a la demanda que realiza su comunidad para regularizar las tierras donde viven, en una hectárea y media.

“A nosotros como pueblo no nos extraña nada esto, la falta de atención en favor de los pueblos originarios, a nivel nacional y provincial”, expresó Canciano y ejemplificó con el pedido de título comunitario: “Hace 22 años que estamos acá, construimos nuestras viviendas, queremos vivir dignamente, ver crecer a nuestros hijos, necesitamos la seguridad de estas tierras y todavía no tenemos la respuesta de los gobernantes”.

“Hay funcionarios que no obedecen la Ley Indígena 23.302, el Convenio Internacional de la OIT 169, y la 11.331 que firmó antes de irse Felipé Solá, el Gobernador saliente”, detalló Canciano.

“No hace dos días, hace 22 años que estamos acá y todavía está siempre el pretexto, la excusa, pero la definición nunca está, la promesa sí estuvo”.

Volviendo al impacto de las inundaciones, el referente destacó:  “Nos afectó mucho más que en otras, hay otros hermanos que están más cerca del famoso Arroyo El Gato, cerca de la calle 153 pasa un gajo ahí y fueron muy castigados, tenían casi un metro cuarenta, un metro sesenta de agua. Quedó todo el lamento por las cosas que se perdieron”.

Si bien las autoridades gubernamentales no se hicieron cargo, el dirigente toba resaltó la solidaridad de distintos sectores: “La gente venía y ayudó con ropa, con alimentos; vinieron de todos lados, organizaciones, vecinos, grupitos jóvenes de cantantes, de Cruz Roja, que venían directamente a la acción, a traer mercadería, artículos de limpieza”.

La falta de solución a los reclamos territoriales y las muertes impunes de hermanos, son ejes comunes que atraviesan las provincias. “Recientemente estuve visitando al hermano Félix Díaz (de la comunidad qom Navogoh) que estuvo en La Plata, la idea es unificarnos y hacer un encuentro nacional en Formosa para junio”. “Vamos a estar allá dialogando, buscando una estrategia de trabajo en cuanto a los reclamos a nuestro Gobierno”, adelantó Canciano.


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“Proponemos una ley especial de Propiedad Comunitaria Indígena”

En el mes de marzo del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba la reforma del Código Civil y Comercial. Una de las propuestas planteó la introducción de la Propiedad Comunitaria Indígena. En Fm Fribuay consultamos a Sandra Ceballos, abogada miembro de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina (CJIRA) sobre la Conferencia de Prensa que se realizaría para profundizar el debate sobre esta modificación.

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Foto: Mujeres del Sur

Foto: Mujeres del Sur

“De la norma constitucional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas como pueblos que preexistían a la conformación del Estado argentino, se deduce que se trata de comunidades y pueblos que tienen existencia de derecho público por eso ponemos ese hincapié, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas no son creación del Estado, sino que estaban mucho antes de que se conforme” manifestó Sandra.

DERECHO PÚBLICO VERSUS DERECHO PRIVADO

Es de público conocimiento que hay comunidades originarias que no están de acuerdo con las propuestas planteadas en el proyecto, no solo por la terminología que se ha implementado, sino porque no se realizó ningún tipo de consulta previa para tener en cuenta su opinión. La abogada al respecto comentó: “Si observamos los artículos en donde se incluye la propiedad comunitaria indígena, además de tener muchas observaciones sobre los términos que se han utilizado, también vemos que en un artículo precisamente dice son personas de derechos privados, las Asociaciones Civiles y Comerciales, las Cooperativas, los Consorcios de Propiedad Horizontal y las Comunidades Indígenas, entonces creo que queda clarísimo que estamos ante una técnica legislativa que no ha sido muy estudiada”

“Al legislarse de esta manera, en un código propiamente de derecho privado, donde se regulan las relaciones entre los particulares, no creemos que se pueda cumplir el fin que se obtenga justicia para los reclamos comunitarios, territoriales, de los pueblos indígenas, sino más bien a través de una ley especial que regule precisamente este derecho reconocido en la Constitución Nacional”.

INCUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA

Sobre la falta de escucha por parte de quienes prepararon el borrador de la reforma, Sandra explicó: “no se ha hecho la consulta a través de los canales adecuados a todos los pueblos indígenas de la Argentina, se hace de una manera debida, de forma previa, para obtener el consentimiento, libre e informado de las comunidades, es un derecho inalienable de las comunidades y está inserto en los documentos internacionales que la Argentina ha suscripto, como el Convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas, y además la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, el Estado tiene una responsabilidad internacional con respecto al cumplimiento de estos documentos”.

“El Convenio 169 debe cumplirse y en el cual se habla de la consulta, toda medida legislativa o administrativa que vaya a afectar a las comunidades indígenas debe hacerse a través de una consulta previa a ellos mismos, yo creo que eso no está legitimado a través de la opinión o asesoramiento de miembros de comunidades indígenas que estén trabajando o asesorando directamente al equipo redactor” agregó la abogada miembro del CJIRA.

Ahora bien, si no se ha preguntado su opinión a las comunidades originarias para el armado del apunte ¿de dónde se obtuvieron los datos pertinentes? Al respecto Sandra contó: “Es un proyecto enviado por el poder ejecutivo, lo único que sabemos es que algunos eminentes profesores de derecho han participado y puesto su firma en este proyecto de reforma del código civil y comercial, que por cierto reconocemos era necesario para nuestra legislación, actualizar este código con la introducción de nuevos institutos jurídicos que no estaban contemplados en la época de redacción del código, en sentido amplio estamos de acuerdo en la reforma del código”.

TRABAJO COORDINADO

Para diseñar las alternativas: “Hemos confluido diferentes organizaciones que si bien cada una tiene su manera de trabajar y tal vez no compartimos el mismo método de trabajo, o hacemos distinta clase de militancia, estamos de acuerdo en esto y estamos juntos, y le decimos al Estado les agradecemos que tengan en cuenta la Propiedad Comunitaria indígena para la reforma del código, pero nosotros les proponemos, en base a estos puntos, que se haga una ley especial” planteó Sandra.

“Por supuesto nosotros vamos a poner nuestra palabra, la otra voz, a recordarles los documentos internacionales, el derecho que tenemos a ser consultados, si esto no se cumple nos reservamos el derecho a iniciar una demanda por inconstitucionalidad, nosotros sabemos que hay una intención de que salga de esta manera, yo espero que podamos dialogar, porque sabemos que el Estado ha tenido muestras de decir que conoce cuales son sus responsabilidades y ha tenido un diálogo con el relator en los últimos tiempos, por las cuales se comprometió a respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”.

RESOLUCIONES NO ESPERADAS 

En el caso que no se lograra conseguir una ley especial referida a los pueblos originarios, le consultamos a la abogada que es lo que sucedería en lo concreto: “Pensamos que los reclamos de los pueblos indígenas quedarían solamente en el ámbito local y no federal como muchas veces aspiramos o entablamos estas demandas, en la práctica serían mayores injusticias, porque hoy por hoy, las comunidades indígenas se enfrentan con poderes muy fuertes en donde hay cierta connivencia entre jueces amigos de los ejecutivos locales o provinciales, y sabemos lo que cuesta” y luego agregó: “acarrearían grandes problemas, además de los que ya tienen las comunidades en el reclamo de sus territorios, tendría consecuencias indeseadas”.


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