La responsable del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense dialogó con el programa Agassaganup O Zobá, por FM Fribuay. Gabriela Comuzio aseguró que más allá de las leyes establecidas «en la práctica hay mucha indiferencia todavía» y habló de la importancia de que los gobiernos locales tengan un área que atienda las demandas originarias.
Comuzio destacó que “es muy poca la experiencia hasta hoy desarrollada”, ya que sólo dos municipios tienen un área indígena en la Provincia de Buenos Aires: los partidos de Quilmes y Almirante Brown, en el área metropolitana. Y contó la situación de Moreno, en el oeste del conurbano, donde confió que hay “voluntad política” para crear esa repartición: “Todavía falta bastante pero está la intención del Municipio”.
En Moreno existe la comunidad tupí guaraní Guarajhi Vera reconocida por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, con la cual Comuzio contó que estuvo reunida en varias oportunidades. “Si bien hay una mayoría guaraní, hay bastante diversidad en Moreno, hay una fuerte presencia de pueblos originarios, hay muchos hermanos mapuches, diaguitas y qom que aparecieron cuando el Municipio abre el espacio del Consejo Indígena”, detalló.
En conjunto con esa intendencia, la funcionaria bonaerense anunció que están organizando una jornada cultural para el domingo 14 de abril, a la que asistirán integrantes de distintas comunidades de la provincia. “Va a servir para la exposición de artesanías, tallados en madera y las comidas de los pueblos originarios”, explicó.
Comuzio expresó que éste tipo de actividades “la vamos a ir llevando a distintos Municipios con los que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia ha firmado convenios para que,a través de sus áreas de Cultura o de Derechos Humanos, se pueda concretar esta tarea de visibilización cultural y de cosmovisión de los pueblos”.
“Es toda una tarea que estamos en el inicio, no hay que olvidar que somos una gestión de muy pocos meses”, agregó la secretaria ejecutiva del CPAI.
“Los municipios se van abriendo a esas perspectivas de trabajo de a poco, son timbres que hay que tocar, espacios que hay que abrir de muchísima importancia, porque los pueblos originarios en definitiva viven en esos municipios”, completó.
UN FUNCIONAMIENTO DE CO-DECISIÓN
Gabriela Comuzio explicó que la creación del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas “surge a partir de una necesidad concreta y manifestaciones de hermanos de pueblos originarios, de diversas etnias, luego el gobernador (Felipe Solá) tiene que hacerse eco de esos reclamos”.
Así, el mandatorio firmó a fines de 2007 el Decreto 3631 que lo formó: “tiene tres cargos, secretaria ejecutiva, relaciones institucionales y relaciones interculturales, y nuestra función es trabajar con los pueblos originarios a través de asambleas democráticas”. Para tal fin funciona así mismo un Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), con dos delegados por pueblo.
Según Comuzio, “asumimos nuestra responsabilidad en la gestión de Guido Carlotto recién a fines de mayo de 2012 y nos encontramos con un CIBAbastante devastado si se quiere”. Desde entonces, se han elegido los delegados de los pueblos kolla, guaraní y toba, y el 22 de marzo se hará la asamblea del pueblo mapuche.
La importancia del CIBA radica en que las políticas ejercidas por el CPAI deben salir en co-decisión: “vamos armando proyectos laborales, para desarrollar la visibilidad, el mundo cultural y la cosmovisión, a través de las propias propuestas de los hermanos originarios, que se presentan en municipios, en la Provincia y también muchas veces a Nación para que se puedan concretar”.
“EN LA PRÁCTICA HAY MUCHA INDIFERENCIA”
Las definiciones más fuertes de la funcionaria acerca del rol del Estado llegaron al preguntarle sobre el conflicto de Punta Querandí y de los cementerios indígenas en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde el “Movimiento en Defensa de la Pacha está hace ya algunos años desarrollando una lucha titánica”, definió la funcionaria.
Comuzio participó de la reunión entre miembros de esta agrupación y los funcionarios Marián Farías Gómez y Fernando Oliva, de la Dirección de Patrimonio Cultural, quienes finalmente accedieron a reevaluar los estudios de impacto arqueológico que, previamente y sin contemplar una medida judicial, habían sido aprobados por ellos en noviembre de 2011. En ese sentido, los responsables del organismo responsable de patrimonio arqueológico pidieron a la Justicia que prolongue una medida cautelar a fin de evitar acciones que puedan causar “daños irreparables”.
En declaraciones a Agassaganup o Zobá, la secretaria ejecutiva del CPAI dio sus impresiones: “La lucha de los hermanos obligó practicamente a que esa puerta se abriera y los escucharan; hoy en día (los funcionarios) están comprometidos un poco más porque ven que hay una voluntad férrea de defenser ese espacio”.
“Saludo con mucho orgullo por un lado, que los hermanos hayan persistido tanto, y por otro lado que el Estado se de cuenta de que tiene que tomar cartas en el asunto como le corresponde y no lavarse las manos o tener una mirada indiferente porque es una falta de respeto hacer eso”, agregó.
El origen del conflicto para esta funcionaria, más allá de los intereses “privados” está en que “el Estado no cumplió con la más mínima de sus obligaciones, que es haber escuchado con atención y respeto el reclamo que desde un inicio hicieron los hermanos”.
“Creo que el Estado provincial, nacional, municipal, debe ocuparse y tener un compromiso porque hay leyes establecidas que dicen que los pueblos originarios tienen derechos, están en un escrito pero en la práctica hay mucha indiferencia todavía”, planteó.
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